La modificación a la normativa entró en vigencia a finales de 2018, y estipula que luego de que las autoridades aprueben los cambios al etiquetado del producto, las empresas tendrán un año más para agotar la existencia de etiquetas anteriores en el mercado.
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El gerente general de la Gremial de Fabricantes de Productos Químicos para la Agricultura (Gremiagro), Alfredo Ortíz, dijo a Prensalibre.com que «… ‘Dentro de cuatro años no tiene que haber una sola etiqueta que no cumpla con este reglamento. El Ministerio de Agricultura podrá recoger los productos que estén en los autoservicios que no cumplan con este reglamento de etiquetado’.”
Añade el artículo que las autoridades tendrán la potestad de «… consignar el producto que incumpla con esas nuevas disposiciones. Sin embargo, los productos importados de cualquier otro país también deben tener una etiqueta como esta. Además, que no se permite solo sobrepegarles una pequeña como se hacen en los productos en varios sectores, cuando vienen en otro idioma.»
Los cambios a las etiquetas consisten en que antes se usaba la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero ahora se basarán en la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado (GHS), y las diferencias entre ambas se refieren a clasificaciones de productos, toxicidad y peligrosidad.
Según reportes de CentralAmericaData, de enero a junio de 2018 el principal comprador en Centroamérica de insecticidas, herbicidas y fungicidas, fue Guatemala con $86 millones, seguido de, Costa Rica, con $74 millones, Nicaragua, con $50 millones, Honduras, con $49 millones, Panamá, con $47 millones y El Salvador, con $37 millones.